La industria de comida chatarra no se limitó a impedir que el impuesto a bebidas azucaradas en México se aprobara, sino que buscó desprestigiarlo y revertirlo, utilizando investigaciones científicas afines para lograrlo y que fueron ampliamente difundidas internacionalmente para que la medida no se imitara en otros países.
Así se reveló en un estudio que analizó documentos que inicialmente eran secretos del Archivo de Documentos de la Industria Alimentaria de la Universidad de California en San Francisco. También revisaron los estudios disponibles sobre la efectividad del impuesto y los compararon con los resultados de los estudios financiados por la industria.
Los especialistas de las universidades de California, Nevada, Dublín y la Asociación Mundial de Nutrición para la Salud Pública, señalan que encontraron cómo las empresas y sus grupos fachada pagaron a científicos para que produjeran investigaciones que sugirieran que el impuesto no logró beneficios, utilizando argumentos económicos, de justicia social y de salud pública, “similares a los utilizados anteriormente por la industria tabacalera”.
Debido al grave problema de salud provocado por el alto consumo de refrescos y bebidas azucaradas en México, en 2014 se implementó en el país uno de los primeros impuestos a estos productos con la intención de reducir su consumo, lo que provocó una fuerte oposición de la gran industria de alimentos y bebidas.
Después de México, treinta y cinco países han adoptado políticas fiscales para las bebidas azucaradas, al menos nueve estudios independientes han mostrado su eficacia.
Los académicos revisaron memorandos internos, correos electrónicos y otras comunicaciones privadas entre ejecutivos de las principales corporaciones como Coca-Cola y los investigadores que financian.
La interferencia de la industria alimentaria en las políticas públicas se ha desarrollado a lo largo de distintos gobiernos. A partir de la administración de Vicente Fox, Coca- Cola consolidó su poder dentro y fuera de las esferas gubernamentales.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue nombrada como Secretaria de Salud, Mercedes Juan, quien anteriormente dirigía Funsalud, una organización de investigación financiada por Nestlé y también había sido consejera de Coca Cola. Bajo su dirección se creó el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) para monitorear la estrategia para atender la obesidad y la diabetes.
El organismo fue conformado por un consejo asesor, la mayoría de los puestos estaban ocupados por representantes vinculados a la industria de alimentos y bebidas, impidiendo que se implementaran políticas públicas efectivas a favor de la salud.
Basándose en la «investigación científica» financiada por la industria, cabilderos de las refresqueras buscaron que legisladores redujeran el impuesto.
También encontraron comunicaciones internas de Coca- Cola previa la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles de 2018, cuando las comisiones de salud globales discutían sobre el impuesto a los refrescos como una estrategia de prevención.
En los correos, muestran su preocupación pues era “el evento más importante que se avecina en el campo de las enfermedades no transmisibles» y que la delegación mexicana se encontrara entre «los proponentes de restringir la participación del sector privado con la OMS”. El informe final de la OMS no recomendó formalmente los impuestos debido al desacuerdo del delegado de Estados Unidos.