Mientras habitantes de las comunidades ventosas de Arriaga, Chiapas; de Juchitán, Oaxaca, y de Chapulco, Puebla, enfrentan ALTAS TARIFAS ELÉCTRICAS HASTA DE MIL PESOS, PAGOS “INJUSTOS” DE LA RENTA DE SUS TIERRAS, ARRESTOS O FALTA DE CONSULTA INDÍGENA
Los ruidosos aerogeneradores del magnate Ricardo Salinas Pliego, de la japonesa Mitsubishi y de las españolas Renovalia e Iberdrola instalados en sus territorios abastecen de electricidad a sus socias Elektra, TV Azteca, FEMSA, Grupo Bimbo y Grupo Modelo.
Estos casos al sureste y centro mexicano son solo una muestra de cómo la “transición energética corporativa” — escudada bajo la crisis climática — acumula capital a costa del desplazamiento y el conflicto socioambiental sin beneficiar a las poblaciones donde se asientan, pero ahora “pintados de verde”.
En entrevista con “Los Periodistas” en SinEmbargo Al Aire, y a pregunta expresa sobre FEMSA y Bimbo, el vocero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Luis Bravo, calificó de “atraco” esta modalidad de abastecimiento, legal desde 1992.
Explicó que ese excedente de generación tendría que venderse a la empresa pública, pero se lo están vendiendo entre ellas utilizando la red eléctrica nacional sin pagar por esa transmisión ni por su mantenimiento, lo que representa una pérdida de 50 mil millones de pesos anuales para la CFE, documentó.
En enero de 2013, un grupo de campesinos y pequeños propietarios de Arriaga bloqueó el acceso al parque eólico al acusar que la empresa les estaba pagando poco por rentar durante 30 años sus tierras, donde instalaron las turbinas, subestaciones, cables y torres.
César Blanco García, dueño del predio “El Brillante” donde se instalaron nueve aerogeneradores, dijo a la prensa aquel año que muchos firmaron el acuerdo “mediante engaños porque no saben leer ni escribir”. Él dijo recibir 30 mil pesos mensuales por 140 hectáreas, pero otros de sus compañeros solo 4 mil pesos. “Queremos que nos paguen lo justo”, lideró.
El campesino también acusó que para instalar la central le tiraron muchos árboles, incluyendo uno que tenía más de 50 años. “Nosotros no hemos visto los beneficios del proyecto, al contrario, nos afecta la deforestación y la contaminación [sonora] que provocan las torres”, declaró.
Una semana después, y luego de que la gente ya no quiso rentar más predios para la ampliación del parque eólico, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas desalojaron a los campesinos y detuvieron a César Blanco.
Nataniel Hernández, del Centro “Digna Ochoa”, dijo que César fue liberado días después, pero hasta la fecha no le han pagado más como exigía ni recuperó sus tierras.
En junio de 2014, la presidenta de Grupo Dragón e hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas Sada, fue señalada de posible conflicto de interés, ya que el brazo energético de Grupo Salinas hacía negocios en el sector mientras ella como integrante de la Comisión de Energía del Senado participaba en las discusiones para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica, que hoy la contrarreforma enviada al Congreso por el Gobierno federal busca revertir.
Por la noche, Juan Piñeda López escucha el zumbido de una turbina de viento que gira a 275 metros de su casa de adobe. A veces le llega el olor a lubricante que se derrama por el mástil del aerogenerador.
Más allá de esos detalles, dijo Piñeda, el bosque de turbinas que en años recientes ha surgido en los llanos de esta parte del estado sureño de Oaxaca no afecta su vida cotidiana.
He ahí el problema.
Ocho años después de que México se comprometió a luchar contra el cambio climático —lo que generó una fiebre por la energía eólica en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca— quienes viven en comunidades indígenas pobres están divididos en cuanto a los beneficios de la revolución ecológica.
Iberdrola, la empresa energética española dueña del parque eólico ubicada tras la casa de Piñeda, ha pavimentado carreteras y construido alcantarillado como parte de su inversión social en la región, la que según un vocero de la empresa ha tenido un costo de más de un millón de dólares.
Quienes no son dueños de terrenos no obtienen el dinero de rentas, entre ellos, Piñeda, un peón. Su calle no está pavimentada y su casa de dos habitaciones no tiene suministro de agua. Se retrasó tanto con los pagos del servicio eléctrico que el proveedor lo dejó sin luz hace ocho meses.
“Creímos que todos nos beneficiaríamos, tuviéramos tierras o no”, dijo Piñeda, de 52 años.
Con la mano imitó el movimiento del viento. Los frutos de las turbinas “pasan por aquí y no dejan nada”, dijo.
Bettina Cruz, activista de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo (APIIDTT), expuso vía telefónica que las altas tarifas de luz continúan, sobre todo en época de calor cuando usan ventiladores o aire acondicionado.
“Cada vez la energía eléctrica es más cara para nosotros y de muy mala calidad porque no se hace mantenimiento a las líneas de transmisión [de la CFE] que también usan esas empresas. En ningún momento somos beneficiados, eso es mentira”, afirmó. “Hay gente a la que le llegaba el recibo de 200 y de repente sube a 800 o mil pesos. Es muy, muy cara”.