Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación, informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentará denuncias contra los 100 principales clientes de las 43 factureras identificadas el año pasado, que facilitaron un fraude al fisco por 55 mil 125 millones de pesos, además de un desfalco por más de 5 mil millones de pesos en perjuicio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Señaló que, a pesar de las advertencias, varios grandes contribuyentes continuaron utilizando estos esquemas para defraudar al fisco y lavar dinero, por lo que la SHCP determinó instruir a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que procediera con las querellas.
Y es que de junio de 2020, después de analizar más de 22 millones de facturas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que detectó 43 empresas factureras, relacionadas entre sí, que dieron servicio a mil 202 personas físicas y morales, a través de la simulación de 93 mil millones de pesos.
El procurador fiscal informó, durante un congreso sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, convocado por Thomson Reuters, que se presentarán las denuncias correspondientes a los clientes que adquirieron facturas en 2020 y 2021, que es cuando aplica la reforma contra evasión fiscal.
El procurador fiscal consideró que la reforma fiscal “ha sido un éxito”, pues aportó un ingreso adicional al fisco por 170 mil millones de pesos el año pasado, aún en medio de una caída “terrorífica” de la actividad económica, y esto se debe a que la reforma tiene dos efectos, uno persecutorio y el otro inhibitorio, lo cual alentó a empresas como Walmart, IBM, FEMSA para buscar acuerdos reparatorios y ponerse al corriente en lugar de llegar a un juicio con Hacienda, y de esa forma muchos otros causantes se regularizaron.
El funcionario se refirió también al tema de la subcontratación, que calificó de “muy delicado” pues, sumado a la evasión fiscal, podría llevar a una pena de 13 años y medio de prisión, poniendo como ejemplo el caso de Gin Group, la mayor firma de subcontratación hasta hace unos meses, que tiene dinero congelado, y su dueño, Raúl Beyruti, está prófugo de una acusación formal por lavado de dinero por al menos 20 mil millones de pesos.
