Ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, se sumó a la iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para lanzar la campaña nacional de prevención de lavado de dinero #ElDineroFácilSePagaCaro, que tiene como principal propósito la difusión de la problemática del lavado de dinero en nuestro país, apostando por una mayor conciencia social en la prevención de este delito y sus ilícitos precedentes, como es la delincuencia organizada y la corrupción, los cuales, hemos mencionado en este espacio, son las principales fuentes de ingreso de dinero ilícito que transitan por el sistema financiero y el sistema no financiero, sin omitir el fraude, la trata de personas y el tráfico de armas, entre otros.
De esta manera, se busca incrementar la presentación de denuncias ciudadanas por hechos relacionados con estos ilícitos, a fin de contribuir a romper el halo de impunidad que desafortunadamente prevalece en los ámbitos de procuración e impartición de justicia para iniciar investigaciones y dictar sentencias.
La denuncia y el reporte son ejes prioritarios de la campaña para crear una “cultura antilavado”. Por esta razón se promueve la Línea de Reporte para la Prevención del Lavado de Dinero (PLD), un medio seguro y de fácil acceso, dotado de herramientas e información para que la población exponga posibles hechos de lavado de dinero y delitos relacionados que perciba en su entorno. En este sentido, el Consejo Ciudadano dará operatividad al mecanismo y la UIF recibirá́ los reportes previamente analizados por el Consejo Ciudadano, profundizará en las investigaciones y remitirá los casos pertinentes ante la Fiscalía General de la República (FGR).
En el marco de cooperación que la UIF viene trabajando con la Unodc, destacan proyectos como el fortalecimiento de las capacidades de detección, investigación, persecución y enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre y los bosques; la implementación del Programa Global de Unodc para la Salvaguardia del Deporte contra la Corrupción y el Delito; prevención y combate de la corrupción y, la prevención y combate de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.
Asimismo, México asumió el compromiso de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas para la consecución de la Agenda 2030. Esta agenda, identificó en la meta 16.4 “de aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada”.
El desmantelamiento de las redes financieras y económicas de los grupos delictivos es el principal objetivo del uso de la inteligencia financiera para lograr combatirlos. En la actual administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la UIF ha presentado 400 denuncias ante la FGR, en las que están involucradas 2 mil 505 personas. Asimismo, se han presentado 265 vistas a diferentes autoridades, entre las que destacan el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se ha bloqueado a un total de 6 mil 18 sujetos y 41 mil 913 cuentas, cuyos montos totales ascienden a 6 mil 515 millones 91 mil 385.51 pesos mexicanos.
La Campaña Nacional de Prevención del Lavado de Dinero fortalece el vínculo entre el gobierno de México, la ciudadanía, la sociedad civil y las organizaciones internacionales en la prevención y combate al lavado de dinero. La concientización es fundamental para entender qué es el lavado de dinero, cómo opera y cómo perjudica nuestros bolsillos.
En la experiencia reciente, casos como el de Lozoya, los Duarte, Rosario Robles, Peña Nieto, no solo nos indican actos de corrupción al más alto nivel, el empoderamiento económico de una élite sin escrúpulos, sino que esa concentración de riqueza impide que existan servicios públicos de calidad y, por tanto, la corrupción impacta directamente de forma negativa en la población y en su calidad de vida. El mandato principal del gobierno de México es cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. En la estrategia se requiere estar del mismo lado y que la visión de Estado y de la sociedad sea una sola: ir un paso adelante del crimen organizado.