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Debido a que “el gobierno estaba al servicio de grupos, de minorías”, es que empresas y empresarios dedicados al tráfico de influencias lograron obtener jugosos contratos profundamente abusivos y lesivos contra el Estado mexicano, por lo que compañías como Iberdrola y Bimbo, y empresarios como Claudio X. González y José Antonio Fernández, director general de Femsa, “estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y generar una crisis gravísima de incrementos de tarifas de luz”, por lo que deberían estar “arrepentidos” y ayudar en el rescate de la industria eléctrica nacional.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que debido a costos excesivos debió revisar los contratos de gaseoductos, reclusorios y mantenimiento de carreteras, por lo que, en el caso de los reclusorios se logró un compromiso para aplicar un descuento de 15 por ciento, lo que permitirá ahorros por 10 mil millones de pesos en los siguientes cuatro años, es decir, 2 mil millones de pesos anuales.
En lo tocante a las carreteras, señaló que las empresas encargadas del mantenimiento de 10 carreteras, y a las que se debe pagar de 10 a 12 mil millones de pesos.
Pero en lo que respecta a la generación eléctrica, el mandatario advirtió que las empresas privadas “todavía quieren mantener el caos, el desorden que ellos por la ambición al dinero provocaron con la anuencia, con la protección de autoridades irresponsables y corruptas”, pues insisten en continuar el camino que lleva a situaciones como la que hoy se vive en España, que enfrenta costos históricos en las tarifas eléctricas.
Derivado de los contratos abusivos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprar a sobreprecio la energía producida por particulares, además de solventar la intermitencia de sus tecnologías, y también de la simulación fraudulenta en las llamadas “sociedades de auto abasto”, que presenta como socios a quien en realidad son clientes, se elevaron los costos de distribución de la CFE, y disminuyeron sus utilidades, casi llegando a la quiebra, que era el objetivo final de la reforma energética aprobada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Pero el abuso contra la CFE no termina ahí, pues la reforma de 2013 planteaba la necesidad de construir 16 plantas termoeléctricas a base de gas, mismas que nunca se construyeron, pero no así los gasoductos privados que si fueron realizados, obligando a la paraestatal a pagar un gas que no tenía ningún destino, al no existir las plantas que lo requerirían.
Para resolver este embrollo, el Jefe del Ejecutivo planteó dos opciones: la primera es “un juicio contra las empresas, y es demostrable que actuaron con ventaja, que sobornaron autoridades y ni siquiera con contratos legales, pero eso implica ir a tribunales internacionales”, los cuales, explicó, están controlados por despachos de abogados al servicio de trasnacionales, “es como un gobierno mundial, es ir a sabiendas de que no se va a ganar, desgraciadamente se favorece el interés privado y no el público”.
La segunda opción, camino que se tomó, que “no es la solución de fondo, pero es enderezar entuertos”, es revisar los acuerdos, como sucedió en el caso de los convenios con Odebrecht que “ya se arregló que no se le tenga que vender gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) subsidiado, que ellos consigan el gas para su planta a precio de mercado, sin subsidio, y que no haya multas”.
Finalmente, con lo que respecta a los reclusorios, informó que se logró un compromiso para aplicar un descuento de 15 por ciento, lo que permitirá ahorros por 10 mil millones de pesos en los siguientes cuatro años, es decir, 2 mil millones de pesos anuales.