Los recursos que ha recibido el Foro Consultivo se encuentran en la mira, ya que, por una parte, el Conacyt ha denunciado la comisión de supuestas irregularidades; por otra, la Fiscalía General ha presentado una acusación contra 31 investigadores por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”. A la par, los miembros de esta asociación han denunciado ser víctimas de una persecución.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) recibió 455 millones 384 mil 179.29 pesos desde 2003 hasta 2018, en los Gobiernos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, según ha reconocido la propia Asociación Civil, que por Ley accedía a estos recursos a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), instancia con la que ahora mantiene una disputa legal.
Los recursos que ha recibido el FCCyT se encuentran en la mira, ya que, por una parte, el Conacyt ha denunciado la comisión de supuestas irregularidades; por otra, la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una acusación contra 31 investigadores por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”, a la par que los miembros de esta asociación han asegurado que durante años el Gobierno le ha dado el visto bueno al empleo de su presupuesto.
“Cuál es el meollo, no lo sé, no puedo entender esta magnitud tan exagerada de crimen organizado. Que nos revisen las cuentas, yo no tengo ningún problema, tengo la conciencia totalmente tranquila”, comentó en días pasados Gabriela Dutrénit, coordinadora del Foro entre 2012 y 2014, en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en SinEmbargo Al Aire.
En 2019 promovió un amparo contra la administración del Conacyt porque no se le dieron los recursos para operar. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que sobreseyó el juicio a la par que reconoció que sí existía “una relación de colaboración” de esta asociación, a la que dotó de legalidad su funcionamiento.
A decir del Conacyt, la disputa legal entre ambas partes inició cuando el Foro Consultivo “exigió” recursos anuales por 50 millones de pesos, los cuales el Consejo negó “bajo los principios de la austeridad republicana” y, en su lugar, “ofreció apoyar a esta asociación con un monto modesto”, el cual dio paso a la disputa legal.
“Durante el proceso judicial y defensa del Conacyt, se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias a favor del FCCyT A.C., desde distintos fideicomisos del Conacyt. Como consecuencia, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Conacyt presentó una denuncia de hechos, sin señalar a persona alguna, ante el Ministerio Público y el Órgano Interno de Control”, precisó el Conacyt.
Seis excoordinadores señalaron el viernes que son infundadas las acusaciones de ilegalidad de la FGR y precisaron que es el propio Conacyt el que por Ley debe proporcionar los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Fondo.
No obstante, a la par de estos señalamientos, en marzo de 2020 la organización PODER reveló una serie de gastos que realizaban los coordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en los gobiernos pasados, como compras de carnes frías, desayunos en restaurantes lujosos como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares, así como la adquisición de un inmueble.
En julio de 2019, en medio de los señalamientos del Conacyt, el Foro indicó que en el último año y medio había invertido 0.36 por ciento en telefonía celular “en apoyo de las actividades, no de la operación”; 0.67 por ciento en bocadillos, 7 por ciento en servicios generales, 18.92 por ciento en servicios personales para la administración y operación, y, en contraste, 70.7 por ciento en el desarrollo de proyectos.
Además señaló que como parte de su producción académica en el primer semestre de 2019 se publicaron seis números de la revista Fórum, realizaron ocho programas de comunicación pública de la ciencia transmitidos por Foro Tangible en colaboración con El Universal, además de realizar “notas INCYTU” para proporcionar a tomadores de decisiones información objetiva, pertinente y basada en conocimiento.
Sin embargo, la compra de una propiedad ubicada en el domicilio Melchor Ocampo, Casa #305 (antes 107), en una zona residencial del centro de la colonia Coyoacán, en la Ciudad de México, contraviene a la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt, pues en ningún momento se establece que el FCCyt debería tener personalidad jurídica, sin la cual es imposible realizar compras y contrataciones, entre otros actos.
“Lo que nosotros encontramos es que este dinero [que percibe el Foro] había sido utilizado para promover el paquete tecnológico de la industria transgénica, específicamente lo relacionado con Monsanto, que dicho sea de paso tiene demandado actualmente al Estado mexicano, y que internacionalmente ha sido multada al comprobarse que sus sustancias son causantes de cáncer, o probablemente cancerígenas que es el término científico que se utiliza. También encontramos que el recurso público de Conacyt estaba siendo utilizado por cierta cúpula científica de Sonora que estaba apelando a favor de Grupo México”, comentó Ricardo Balderas, periodista de investigación en PODER, en entrevista con la periodista Romina Gándara, co-conductora de Café y Noticias, programa de SinEmbargo Al Aire.
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico está integrado por una Mesa Directiva, conformada por 20 representantes de la academia y del sector empresarial, aunque los recursos con los que opera, según lo establece la Ley, son otorgados por el Gobierno.
De hecho, los recursos para adquirir la propiedad, de la cual da cuenta PODER, 30 millones de pesos aproximadamente, provinieron de un contrato para investigar lo ocurrido con el desastre minero en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México.
“El dinero para comprar esta casa lo obtuvieron con unos negocios que obtuvieron por la catástrofe de Pasta de Conchos. Uno de los abogados de los mineros me comentaba que, efectivamente, el Foro Consultivo era este grupo de académicos que estaban en contra del rescate de los mineros atrapados […] Ellos recibieron dinero por la aprobación de los dictámenes técnicos”, comentó Balderas.
Esta misma situación fue denunciada el viernes pasado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. En la conferencia de prensa matutina, la directora del Conacyt, la doctora María Elena Álvarez-Buylla, leyó uno informe en el que se señaló precisamente que esta Asociación Civil “adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán […] con recursos que no justificó ante el Conacyt”, a la par que indicó que fue “la instancia responsable de emitir el dictamen en 2007 que justificó las omisiones de las autoridades federales en relación con el rescate de los cuerpos y la ampliación de investigaciones relacionadas con la mina de Pasta de Conchos”.
“O sea, un grupo predilecto del régimen anterior y entonces, como ya no se puede mantener estos privilegios, pues ahora se sienten perseguidos”, expresó el Presidente.