El INE no ha podido aclarar el uso legal de poco más de 22 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación, correspondientes a los ejercicios fiscales 2016, 2017 y 2018.
El primer rubro corresponde a los contratos por la renta de automóviles para el INE, cuyo daño al erario se calcula en 8 millones 557 mil pesos, anomalías detectadas por ASF y la misma Contraloría General del INE, que recomendó adquirir los autos para reducir costos.
En el segundo caso se calcula un desfalco de 8 millones 374 mil pesos en sobrepagos y contrataciones no contempladas en el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales.
El tercer asunto se refiere a la producción de materiales para la consulta infantil y juvenil 2018 con un monto irregular de 5 millones 125 mil pesos.
El Instituto –que encabeza Lorenzo Córdova– asegura a Contralínea que ya remitió la información a la ASF, pero esta enfrenta un retraso en el proceso de revisión
En el caso del arrendamiento de automóviles, las anomalías no sólo fueron detectadas por el máximo órgano de fiscalización de México, sino también por la Contraloría General del INE que, incluso, concluyó que “el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica en comparación con el esquema del servicio de arrendamiento que el Instituto contrató para 1 mil 96 vehículos”.
El asunto fue tan grave que incluso se discutió en la Cámara de Diputados: el 27 de septiembre de 2017 se presentó un punto de acuerdo para exhortar al Instituto a difundir la evidencia que sustentara las observaciones de la Contraloría interna. No obstante, en vez de comprarlos y ahorrar recursos públicos, a la fecha, el INE sigue rentándolos, consta en la convocatoria de invitación a cuando menos tres personas IA3P-INE-06JDE-TAB-001-2021, para el “servicio de arrendamiento de vehículos para el traslado de personas, documentación y materiales electorales”.